Aprobadas las bases de las ayudas a la digitalización industrial con un límite de 150.000 euros por proyecto

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El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado el 15 de febrero las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas al fomento de la industria 4.0 o digitalización industrial. La subvención se aplicará exclusivamente a los gastos considerados subvencionables y tendrá un límite máximo por proyecto de 150.000 euros.

Entre estos gastos figura la adquisición de maquinaria o equipamiento avanzado así como las colaboraciones externas necesarias para el diagnóstico e implantación del proyecto de Industria 4.0, prestadas por empresas o entidades que acrediten su experiencia en la materia.

El objetivo es modernizar los entornos industriales y contribuir a la creación de un ecosistema de innovación robusto que facilite la transición hacia la industria 4.0 o digitalización industrial dentro del ámbito de la fabricación avanzada, logrando así un tejido empresarial más competitivo y con mayores oportunidades a escala global. Con el desarrollo de este tipo de proyectos industriales se conseguirá mejorar la productividad y competitividad de las empresas.

Las ayudas irán dirigidas a las empresas industriales de cualquier tamaño que cuenten con algún centro de trabajo en Castilla y León y tenga al menos dos años de antigüedad a contar desde la publicación de la convocatoria. La cuantía de la subvención podrá alcanzar el 75 por ciento de los costes subvencionables, hasta un límite de 150.000 euros por proyecto

El procedimiento de concesión de las subvenciones se efectuará en régimen de concurrencia competitiva. Para la valoración de los proyectos se tendrá en cuenta su innovación tecnológica, el impacto del proyecto y su efecto multiplicador, el grado de elaboración y coherencia, el tamaño de la industria, o la localización territorial, con una mayor puntuación para aquellas iniciativas incluidas en el ámbito de actuación de los programas territoriales de fomento o municipios del medio rural. Se evaluará además la integración laboral de personas con discapacidad, la estabilidad de los trabajadores o las políticas de igualdad y conciliación, entre otras.

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